Declaración de la Defensoría en la emergencia sanitaria

Declaración de la Defensoría en la emergencia sanitaria
27 de Abril de 2020

La emergencia sanitaria desencadenada con motivo del COVID-19 nos sitúa en un contexto de gran complejidad, donde los derechos de los más vulnerables se ven doblemente afectados por la situación epidemiológica, pero más aún por la contingencia social que los atraviesa.

Las crisis se profundizan, las violencias se agudizan y se silencian aún más por no ser presenciales aquellos espacios de referencia a los cuales se puede acudir.

En este marco, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe ha continuado con su labor de recepción de casos, y asimismo con las tareas de monitoreo y supervisión del Sistema de Protección Integral. Velando porque en esta situación de emergencia se garantice el efectivo cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de Santa Fe, contemplando el contexto actual y considerando las modificaciones que se suscitan día a día.

En nuestro país y en nuestra provincia, gran parte de las niñas, niños y adolescentes son pobres. Pobreza es comer mal, o no comer; es no tener dónde vivir; es quedarse afuera de la escuela; es tener más riesgos de ser víctimas de abuso sexual y de embarazos no planificados.

Este contexto de aislamiento preventivo y obligatorio profundiza dichas vulneraciones. Las brechas educativas, digitales, nutricionales, y de oportunidades, crecen; porque todavía el efectivo cumplimiento de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia depende del lugar donde nacen y crecen.

El Sistema de Protección Integral –y fundamentalmente las articulaciones que lo constituyen y definen– es lo que debe fortalecerse y renovarse para poder dar respuesta al cumplimiento efectivo de los derechos de la niñez y la adolescencia, y prevenir sus vulneraciones.

Por lo expuesto, esta Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, considera algunos ejes centrales para la actuación con enfoque de derechos destinada a esta población, y solicita a todas las áreas responsables de los gobiernos tanto provincial como locales, se prioricen los siguientes:

1) Considerar a la salud, a la salud mental y al derecho a la integridad de las infancias y adolescencias como uno de los principales criterios al momento de evaluar la implementación, adecuación y continuidad de las medidas en torno a la pandemia;

2) Ponderar a la alimentación como un Derecho Humano y, como tal, es mucho más que cumplir con la “necesidad” de comer. Este derecho se ve principalmente vulnerado durante la crisis económica -a la que la emergencia sanitaria profundiza-. Por ende, se solicita que se efectivicen las medidas para asegurar y fortalecer los programas alimentarios durante el período de emergencia, y priorizar estrategias de acceso a alimentos frescos en beneficio de la salud integral de niñas, niños y adolescentes;

3) Priorizar la atención y acompañamiento de niñas, niños y adolescentes que viven en asentamientos o situación de calle garantizando el acceso al agua potable para consumo, agua apta para la higiene personal y limpieza de la vivienda, ropa y utensilios; así como también los insumos específicos para la prevención del COVID-19;

4) Generar y ampliar la cobertura de WiFi público y gratuito; contribuyendo así no solo a los trámites vinculados a ANSES, sino también a disminuir la brecha digital para el uso recreativo y educativo de las TIC’s;

5) Centrar la política educativa en los nuevos aprendizajes y vivencias que se encuentran transitando las y los estudiantes; acompañando a las y los docentes, haciendo disponible un campus que resguarde la identidad de las niñas, niños y adolescentes, y generando alternativas para quienes no acceden a la conectividad en sus hogares;

6) Dotar de los recursos económicos necesarios para que los centros residenciales, las instituciones y programas de cuidado de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales puedan brindar un acompañamiento adecuado y de calidad, y este grupo vulnerable sea priorizado desde el enfoque de derechos e inversión social en niñez;

7) Optimizar las líneas telefónicas y vías de comunicación de los organismos para el acceso a la justicia, la prevención y abordaje de las violencias de las que son víctimas niñas, niños y adolescentes;

8) Otorgar prioridad, en cuanto se vaya flexibilizando la estancia permanente en las casas, al uso del espacio público a la niñez y la adolescencia. Las niñas, niños y adolescentes deben ser los primeros sujetos de derechos en acceder a tiempos de paseos y salidas, de forma planificada, articulada adecuadamente con los gobiernos locales y provinciales y correctamente comunicada a la ciudadanía, primando siempre el criterio de resguardo de la salud pública;

9) Propiciar, en las instituciones y centros dentro del Sistema de Justicia Penal Juvenil donde jóvenes se encuentran privados de su libertad ambulatoria, las comunicaciones con sus familiares y seres queridos; garantizar el derecho a la educación en contextos de encierro; y sostener propuestas de recreación, deportes y permanencia en los espacios al aire libre. Promover la prisión domiciliaria y la reducción de la cantidad de jóvenes con privación de libertad;

10) Promover para las niñas y niños que se encuentran con mujeres adultas privadas de su libertad ambulatoria, la garantía de los mismos derechos que los demás niños, niñas y adolescentes, realizando el Estado los mayores esfuerzos y con la mayor cantidad de personal que sea necesario para lograrlo;

11) Ejercer las tareas basadas en la comunicación como un derecho y un servicio social; para que la información oficial llegue efectivamente a la comunidad y la audiencia sea respetada como titular de los derechos enunciados.

Las infancias y adolescencias son un tercio de la población, sin embargo, no tienen protagonismo en las agendas de gobierno. Como sujetos de derechos suelen estar en silencio e invisibles en la mayoría de los discursos.

Por todo ello, los organismos públicos de Derechos Humanos tenemos el deber de trabajar para que el Interés Superior del Niño sea prioridad en las políticas públicas. Siempre, pero aún más en situaciones de emergencia como la actual. Con y sin pandemia la deuda es con la niñez.

Descarga la declaración en PDF 

Defensoría de niñas, niños y adolescentes | Provincia de Santa Fe
Declaración de la Defensoría en la emergencia sanitaria

La emergencia sanitaria desencadenada con motivo del COVID-19 nos sitúa en un contexto de gran complejidad, donde los derechos de los más vulnerables se ven doblemente afectados por la situación epidemiológica, pero más aún por la contingencia social que los atraviesa.

Las crisis se profundizan, las violencias se agudizan y se silencian aún más por no ser presenciales aquellos espacios de referencia a los cuales se puede acudir.

En este marco, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe ha continuado con su labor de recepción de casos, y asimismo con las tareas de monitoreo y supervisión del Sistema de Protección Integral. Velando porque en esta situación de emergencia se garantice el efectivo cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de Santa Fe, contemplando el contexto actual y considerando las modificaciones que se suscitan día a día.

En nuestro país y en nuestra provincia, gran parte de las niñas, niños y adolescentes son pobres. Pobreza es comer mal, o no comer; es no tener dónde vivir; es quedarse afuera de la escuela; es tener más riesgos de ser víctimas de abuso sexual y de embarazos no planificados.

Este contexto de aislamiento preventivo y obligatorio profundiza dichas vulneraciones. Las brechas educativas, digitales, nutricionales, y de oportunidades, crecen; porque todavía el efectivo cumplimiento de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia depende del lugar donde nacen y crecen.

El Sistema de Protección Integral –y fundamentalmente las articulaciones que lo constituyen y definen– es lo que debe fortalecerse y renovarse para poder dar respuesta al cumplimiento efectivo de los derechos de la niñez y la adolescencia, y prevenir sus vulneraciones.

Por lo expuesto, esta Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, considera algunos ejes centrales para la actuación con enfoque de derechos destinada a esta población, y solicita a todas las áreas responsables de los gobiernos tanto provincial como locales, se prioricen los siguientes:

1) Considerar a la salud, a la salud mental y al derecho a la integridad de las infancias y adolescencias como uno de los principales criterios al momento de evaluar la implementación, adecuación y continuidad de las medidas en torno a la pandemia;

2) Ponderar a la alimentación como un Derecho Humano y, como tal, es mucho más que cumplir con la “necesidad” de comer. Este derecho se ve principalmente vulnerado durante la crisis económica -a la que la emergencia sanitaria profundiza-. Por ende, se solicita que se efectivicen las medidas para asegurar y fortalecer los programas alimentarios durante el período de emergencia, y priorizar estrategias de acceso a alimentos frescos en beneficio de la salud integral de niñas, niños y adolescentes;

3) Priorizar la atención y acompañamiento de niñas, niños y adolescentes que viven en asentamientos o situación de calle garantizando el acceso al agua potable para consumo, agua apta para la higiene personal y limpieza de la vivienda, ropa y utensilios; así como también los insumos específicos para la prevención del COVID-19;

4) Generar y ampliar la cobertura de WiFi público y gratuito; contribuyendo así no solo a los trámites vinculados a ANSES, sino también a disminuir la brecha digital para el uso recreativo y educativo de las TIC’s;

5) Centrar la política educativa en los nuevos aprendizajes y vivencias que se encuentran transitando las y los estudiantes; acompañando a las y los docentes, haciendo disponible un campus que resguarde la identidad de las niñas, niños y adolescentes, y generando alternativas para quienes no acceden a la conectividad en sus hogares;

6) Dotar de los recursos económicos necesarios para que los centros residenciales, las instituciones y programas de cuidado de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales puedan brindar un acompañamiento adecuado y de calidad, y este grupo vulnerable sea priorizado desde el enfoque de derechos e inversión social en niñez;

7) Optimizar las líneas telefónicas y vías de comunicación de los organismos para el acceso a la justicia, la prevención y abordaje de las violencias de las que son víctimas niñas, niños y adolescentes;

8) Otorgar prioridad, en cuanto se vaya flexibilizando la estancia permanente en las casas, al uso del espacio público a la niñez y la adolescencia. Las niñas, niños y adolescentes deben ser los primeros sujetos de derechos en acceder a tiempos de paseos y salidas, de forma planificada, articulada adecuadamente con los gobiernos locales y provinciales y correctamente comunicada a la ciudadanía, primando siempre el criterio de resguardo de la salud pública;

9) Propiciar, en las instituciones y centros dentro del Sistema de Justicia Penal Juvenil donde jóvenes se encuentran privados de su libertad ambulatoria, las comunicaciones con sus familiares y seres queridos; garantizar el derecho a la educación en contextos de encierro; y sostener propuestas de recreación, deportes y permanencia en los espacios al aire libre. Promover la prisión domiciliaria y la reducción de la cantidad de jóvenes con privación de libertad;

10) Promover para las niñas y niños que se encuentran con mujeres adultas privadas de su libertad ambulatoria, la garantía de los mismos derechos que los demás niños, niñas y adolescentes, realizando el Estado los mayores esfuerzos y con la mayor cantidad de personal que sea necesario para lograrlo;

11) Ejercer las tareas basadas en la comunicación como un derecho y un servicio social; para que la información oficial llegue efectivamente a la comunidad y la audiencia sea respetada como titular de los derechos enunciados.

Las infancias y adolescencias son un tercio de la población, sin embargo, no tienen protagonismo en las agendas de gobierno. Como sujetos de derechos suelen estar en silencio e invisibles en la mayoría de los discursos.

Por todo ello, los organismos públicos de Derechos Humanos tenemos el deber de trabajar para que el Interés Superior del Niño sea prioridad en las políticas públicas. Siempre, pero aún más en situaciones de emergencia como la actual. Con y sin pandemia la deuda es con la niñez.

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