La Defensoría por una pronta Ley de Humedales

Desde la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes adherimos a la Declaración de ADPRA –impulsada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe– en solicitud del tratamiento de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Conservación y Protección de Humedales.

Como organismos públicos de Derechos Humanos, debemos trabajar las vulneraciones vinculadas al ambiente de manera conjunta porque las alteraciones extractivistas a los ecosistemas repercuten en todo el territorio y, por consiguiente, en toda la población.

Cuando se desequilibran las interrelaciones que hacen a nuestro complejo sistema socioambiental, la niñez es la principal afectada. En tanto pueden ser víctimas de traumas ocasionados por emergencias ambientales, como las inundaciones o incendios. Las niñas, niños y adolescentes son quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, de tal manera que, ante estos escenarios, no solo se pone en riesgo su derecho a la salud y al ambiente, sino también su integridad y su Interés Superior.

Es tiempo de trascender las falsas dicotomías entre el derecho al ambiente y el desarrollo humano, porque uno es intrínseco al otro. Es hora de plasmar en las políticas públicas la interdependencia de los derechos humanos, tal como la normativa internacional lo manifiesta desde hace muchos años. La Convención sobre los Derechos del Niño ha sido uno de los primeros instrumentos en incorporar en su articulado el derecho de las niñas, niños y adolescentes al ambiente, relacionándolo tanto con su salud como con su educación. Esto, en lo específico y ante los incendios en las islas del Paraná, significa contar con una Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Conservación y Protección de Humedales, para que el argumento sobre la actividad económica ganadera no prime por sobre principios superiores y derechos consagrados, como a la salud, al agua, a la biodiversidad, a la vida. Muchos proyectos de ley han sido impulsados perdiendo estado parlamentario, pero el contexto nos demuestra que es oportuna su sanción definitiva para garantizar el derecho colectivo de les niñes a vivir y crecer en un ambiente sano.

Las infancias y adolescencias nos interpelan a trabajar desde una perspectiva ambiental y sustentable, de manera urgente, para proteger su presente y sus posibilidades futuras. Si consideramos a la Convención sobre los Derechos del Niño en profundidad, estamos llamados a transformar la racionalidad técnica e instrumental en otros modos más respetuosos y justos de cohabitar el mundo.