Defensores y Defensoras sobre el veto a la Ley de Emergencia Pediátrica

Los Defensores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de las Provincias de Córdoba, Jujuy, La Pampa, Misiones, Santa Fe, y Santiago del Estero, expresamos nuestro rechazo y conmoción ante el veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica, que fuera aprobado
por amplia mayoría en el Senado el último 22 de agosto.

El derecho a la salud integral y el acceso a la mayor calidad posible de prestaciones, está consagrado en la Convención de los Derechos del Niño, que en nuestro país tiene rango constitucional, lo que obliga al Estado y a los ciudadanos a su cumplimiento: Niños y Niñas están amparados por el principio de Protección Especial y por tanto su Interés Superior exige otorgarles los máximos beneficios.

Por tanto, el sistema de atención de salud de niñas, niños y adolescentes debe tener prioridad presupuestaria. El Hospital Garrahan ha sido y es decano entre sus instituciones pares en la investigación y asistencia pediátrica. Es lugar de derivación y consulta en alta complejidad. Mantiene un alto nivel de atención, de formación de los profesionales y resulta indispensable en un sistema donde la atención pediátrica está sujeta a numerosos déficits.

Los compromisos convencionales asumidos por nuestro país no son meramente programáticos y declarativos, sino que constituyen obligaciones jurídicas que traen aparejadas consecuencias y sanciones internacionales. Por lo que recordamos a diputados y senadores nacionales que el acceso igualitario a prestaciones de salud de alta complejidad y calidad, como las que se prestan en la mencionada institución, es un deber jurídico y ético, que debe garantizarse.

La Ley 27.796 aprobada por amplia mayoría parlamentaria es una inversión en el presente y el futuro de la Nación. El veto, si bien es una facultad que posee el presidente, en este caso puntual choca con el consenso democrático del Congreso Nacional desatendiendo la realidad urgente de miles de niños que hoy no acceden a una atención médica oportuna y de calidad.

Las consecuencias de esta decisión se traducen en diagnósticos tardíos que implican riesgo de vida en niñas y niños, en hospitales desbordados por falta de personal, en definitiva en la negativa por parte del estado argentino de acceso al derecho a la salud de las infancias.
Una República en donde no se respeten las decisiones democráticamente tomadas y en la cual no se ponga en el centro los derechos consagrados para infancias y adolescencias, corre con un destino de desigualdad, no solo en el presente, sino también en la sociedad que
necesitamos construir.