Más cercanía y más derechos, ejes rectores de nuestro 2025
Como cada año la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe, en cumplimiento con el artículo 70 de la Ley Provincial N.º 10.396, presentó su informe anual 2025 a la Legislatura provincial. El año 2025 estuvo atravesado por transformaciones institucionales, debates legislativos de especial relevancia y un contexto social y político particularmente desafiante para la protección y promoción de los derechos de las infancias y las adolescencias.
A nivel institucional, la designación de un nuevo Defensor Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes constituyó un paso significativo en la consolidación de los principios rectores establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y en todo el plexo normativo vigente, en particular aquellos vinculados con la defensa de la especialidad, el fortalecimiento de la institucionalidad y el respeto por el interés superior del niño.
Las transformaciones legislativas ocurridas en 2025 —entre ellas, la reforma de la Constitución Provincial y la entrada en vigencia de un nuevo Código Procesal Penal Juvenil—, así como las producidas a comienzos de 2026, como la sanción de la Ley Nacional 27.801 que establece un nuevo régimen penal juvenil y reduce la edad de punibilidad, introdujeron cambios sustanciales en el campo de las políticas públicas de infancias y adolescencias.
Al mismo tiempo, evidenciaron la persistencia de un debate público que aún presenta dificultades para garantizar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Estos cambios se produjeron en un contexto de profundo retroceso en materia de derechos sociales, económicos y culturales.
Dicho escenario estuvo marcado por un debilitamiento del rol del Estado, de los servicios públicos y de los programas de protección social, especialmente aquellos destinados a las personas (tanto adultas como menores de 18 años) con discapacidad y a las mujeres y disidencias sexuales, quienes con frecuencia asumen las tareas de cuidado de niñas y niños. Esto afectó no solo la cantidad de prestaciones y programas, sino la calidad en las tareas de cuidado sostenidas por personal y equipos que en ocasiones las desarrollan en condiciones adversas.
En este marco, la Defensoría concentró sus intervenciones en el abordaje de situaciones vinculadas al derecho a la salud y a la cobertura de obras sociales, con especial complejidad en casos de discapacidad, salud mental y consumos problemáticos.
Asimismo, recibió numerosos casos atravesados por condiciones de pobreza y marginalidad que afectan el acceso a derechos fundamentales. El incremento del desempleo se reflejó en la pérdida de cobertura de obras sociales y en una mayor demanda hacia el sistema público, con un aumento sostenido de reclamos por prestaciones médicas y tratamientos.
En relación con los derechos personalísimos, se registraron reiteradas intervenciones ante vulneraciones del derecho a la integridad, incluyendo situaciones de maltrato, violencias y abusos. Frente a este escenario, el organismo sostuvo un programa de trabajo orientado a fortalecer su presencia en el territorio y en las comunidades, manteniendo diálogos y acciones concretas con gobiernos locales, comunas y municipios, afirmando la importancia del nivel local en la protección de las infancias.
Finalmente, la Defensoría sostiene, hoy más que nunca, los principios centrales que orientan y dan cuerpo a los derechos humanos de las infancias y las adolescencia. Afirma y reafirma que las niñas y los niños son sujetos de derechos y que, asimismo, por su condición de niño/a requieren de una protección reforzada en relación con el mundo adulto, sin que ello suponga regresividad alguna en materia de derechos, sino por el contrario que aliente y promueva una cultura y una institucionalidad democrática.
El informe acompleto acá.
