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Prensa

08/11/2015

Desestiman bajar la edad para imputar a menores

La Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes presentó el informe 2015 elaborado por el Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de Santa Fe, que 0analiza las principales problemáticas que sufre la población de menores en la provincia. El trabajo se centra en dos ejes principales: niños sin cuidado parental y jóvenes en relación con el sistema penal juvenil, como las poblaciones más pequeñas pero que mayor atención necesitan. En ese aspecto, la Defensoría hizo hincapié en la necesidad de una ley de Justicia Penal Juvenil a nivel nacional, que se armonice los estándares internacionales que se reconocen en la Declaración Universal de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Y en ese marco, la provincia sentó posición contraria a la baja de la edad de imputabilidad, que en Santa Fe es a partir de los 16 años, cuya disminución se viene discutiendo a nivel legislativo en distintas provincias, entre ellas Buenos Aires,  e incluso formó parte de la campaña para las elecciones presidenciales.

En un encuentro que contó con la presencia del gobernador Antonio Bonfatti, la defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Analía Colombo, la representante de Unicef Argentina, Florence Bauer, entre otras autoridades, se dio a conocer el resultado del segundo informe realizado por el Observatorio que funciona desde marzo de 2013 a partir de un convenio firmado entre la Defensoría y la entidad de las Naciones Unidas para la infancia.

A partir de la figura del rompecabezas como analogía del sistema de protección de derechos, el informe describe las principales problemáticas que afectan a los niños y adolescentes en Santa Fe en situación de vulnerabilidad, aportando datos en materia de educación, salud, derechos vulnerados y Justicia Penal juvenil.

Según datos brindados por el Observatorio, los niños y jóvenes representan un tercio de la población de Santa Fe, de los que un 16 por ciento no tienen las necesidades básicas satisfechas. A su vez, la inversión en políticas públicas vinculadas a la niñez se triplicó en los últimos 10 años, con un incremento en la matrícula escolar de un 4,5 por ciento.

“La publicación es una indagación propositiva al Sistema de Protección Integral. Hay que trabajar sobre la historia de los chicos, que más que compleja, es incómoda. Las políticas públicas deben ir dirigidas a los chicos con derechos vulnerados o privados de la libertad. Por eso, se necesitan políticas públicas que centralicen una visión de la niñez para luego descentralizar el trabajo en los barrios, en los centros de salud, en las escuelas”, advirtió la defensora Colombo.

Tal como indicó, el informe se centra en dos líneas fundamentales: los niños sin cuidado parental y el sistema de Justicia Penal juvenil. Sobre este último aspecto, Colombo destacó la necesidad de un abordaje “respetuoso de los estándares internacionales” e impulsó la sanción de una “ley de Justicia Penal Juvenil que no disminuya la imputabilidad de los jóvenes”.

“El resultado de las mediciones y el estudio 2014 dio que 1.070 jóvenes pasaron por el sistema de Justicia Penal juvenil, por instituciones abiertas, semiabiertas y cerradas en toda la provincia. Mayormente se trata de varones, ya que sólo el 5 por ciento son mujeres. El Irar (Instituto para la Recuperación del Adolescente de Rosario) es uno de los lugares más emblemáticos, tiene mucha complejidad y, en este informe, proponemos no tomar sólo los problemas edilicios, sino abordar integralmente esta problemática”, señaló Colombo, quien mencionó aspectos vinculados a las condiciones de alojamiento, vulneración de derechos, falta de acceso a la educación, y acceso a la salud en forma permanente.

Un dato que se desprende del informe es que el 60 por ciento de los niños y jóvenes alojados dentro del sistema cometieron delitos materiales y no contra las personas, lo que permite que desde la Defensoría se proponga la revisión de los motivos por los que la Justicia resuelve encerrar a un menor.

“Instamos a revisar cuáles son las causas por las que el poder judicial priva o restringe la libertad. El porcentaje de reinserción de esos chicos es mínimo, el 70 por ciento de los jóvenes que estuvieron alojados en 2014 son reincidentes”, reveló Colombo.

Y, frente a ello, remarcó: “Necesitan del abordaje íntegro del Estado, de todos los ministerios, y también del Poder Judicial para revisar por qué esos niños y jóvenes están ahí. La privación de la libertad es el último extremo”.

En el mismo sentido, la representante de Unicef Argentina, Florence Bauer, se mostró a favor de un sistema de protección integrado, que contemple una ley de Justicia juvenil y el nombramiento de un defensor Nacional de la Niñez.

“El país no tiene una ley de acuerdo con los estándares internacionales y ese es un desafío ya que cada provincia puede aplicar criterios distintos. Muchos de los chicos privados de la libertad podrían tener medidas alternativas. Cuando están en un centro de detención, se los estigmatiza y luego es mucho más difícil reinsertarse. Hay que buscar alternativas, falta una ley que de este tipo de respuesta a los jóvenes en conflicto con la ley”, concluyó Bauer.

En cuanto al primer eje, los niños y adolescentes sin cuidados parentales, el Observatorio no registró datos concretos pero se refirió a algunas cuestiones centrales en relación con las instituciones de alojamiento. Por un lado, advirtió una reducción en la capacidad que se ajustó a un promedio de entre 20 y 30 plazas, aunque aclara que están al límite de su capacidad. A su vez, se modificaron los criterios de alojamiento para priorizar el criterio de hermandad, y señaló la infraestructura edilicia como uno de los problemas que afecta mayormente a los centros residenciales.

“Hemos avanzado”

El gobernador Antonio Bonfatti valoró la realización de este segundo informe y resaltó el hecho de contar con datos para la toma de decisiones. “Estoy contento porque la provincia ha crecido en cuanto a su inversión en niños, en 2013 se invertían 1.300 pesos por niños, hoy estamos en 4.200. Si tomamos los indicadores de salud, el 35 por ciento se destina a niños vulnerables de la pequeña infancia, sólo el 2 por ciento a los de mayor poder adquisitivo. En cuanto a educación, el 4,5 por ciento de matrícula secundaria aumentó, y en relación con los jóvenes en conflicto con la ley penal o separados de sus padres, existen políticas y abordajes para ellos. Queda mucho por hacer pero hemos avanzado”, destacó.

Problemáticas en números

A partir de los casos atendidos por la Defensoría en relación con derechos vulnerados, el informe estableció un cuadro de prioridades en el que el 51,8 por ciento de los casos corresponden al derecho a la convivencia familiar y comunitaria, el 14,5 por ciento al derecho a la integridad y el 10,5 por ciento al derecho a la salud. Esta vulneración de derechos se visualiza principalmente en la situación familiar de los niños en un 37,9 por ciento de los casos, seguida por situaciones de violencia en un 22,4 por ciento, y vinculadas al ambiente y salud en 14,8 por ciento. A su vez, de los 122 casos de violencia, 27 corresponden a abuso sexual, 23 son por falta de cuidados parentales y 20 por violencia familiar.

En cuanto a la educación, la matrícula de jóvenes escolarizados aumentó un 4,5 por ciento, correspondiendo un 97,7 a primaria y un 87 a secundaria. Por su parte, las mujeres entre 18 y 25 resultó la población más afectada que no estudia ni trabaja.

Con relación al acceso a los servicios de salud y a la calidad en su atención, el 12,7 por ciento de los hogares encuestados no cuenta con un centro de salud próximo a su domicilio, mientras el 17 reconoce dificultades para el acceso en ambulancia. Estas encuestas fueron realizadas en barrios priorizados y ciudades del Plan Abre.

http://www.elciudadanoweb.com/la-provincia-desestima-bajar-la-edad-para-imputar-a-menores/

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