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Prensa

22/11/2015

Por una ley nacional de justicia penal juvenil

Con el firme reclamo de una ley nacional de justicia penal juvenil que no disminuya la edad de imputabilidad y deje la privación de la libertad como medida excepcional, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes puso en marcha un monitoreo de los jóvenes alojados en institutos de encierro de la provincia. A lo largo de 2014, fueron unos mil los jóvenes que pasaron por el sistema provincial, una cifra que representa un 6 por ciento más que los que lo hicieron en 2013. También el porcentaje de adolescentes que están bajo la modalidad de privación de la libertad fue in crescendo: de un 55 por ciento en 2010 se incrementó al 68 por ciento en 2014.

Los datos se desprenden del monitoreo de la Defensoría, que comenzó con visitas a tres de las instituciones cerradas de la órbita de la justicia penal juvenil de la provincia que trabajan con la modalidad de privación de la libertad —el Irar, la División de Asuntos Juveniles y el pabellón juvenil de la cárcel de Las Flores, en Santa Fe—, y que luego se sumaron las instituciones cerradas de mujeres adolescentes, las semiabiertas y de modalidades ambulatorias.

El objetivo del monitoreo es generar "una evaluación" de los dispositivos para más adelante "efectuar aportes para la mejora en pos del pleno goce de los derechos de los jóvenes". El análisis no deja de ofrecer una foto de un sistema que en 95 por ciento de los casos es transitado por jóvenes varones.

El principal motivo del ingreso de los adolescentes a cualquiera de estos dispositivos es en un 60 por ciento por delitos contra la propiedad, y en un 18 por ciento, contra las personas. Apenas un 22 por ciento de los que transitaron el sistema en 2014 tenía ingresos previos y para el 70 por ciento era su primer ingreso.

Uno de los puntos que destaca el informe es el nivel de escolarización, que se incrementó respecto de años anteriores, ya que la mitad de ellos cursaba la primaria y un 35 por ciento la secundaria —15 puntos más respecto de 2013—, y apenas el 2,2 por ciento no estaba escolarizado.

La Defensoría remarca "la necesidad de avanzar en la aprobación de una ley nacional de Justicia Penal Juvenil que no disminuya la edad de imputabilidad", y apunta a "crear un sistema especializado en línea con los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos, garantizando el acceso a la Justicia y que deje como sanción excepcional la restricción de la libertad personal".

http://www.lacapital.com.ar/ed_impresa/2015/11/edicion_2557/contenidos/noticia_5242.html

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