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Novedades

10/09/2019

Declaración de Defensores NNyA en Rosario

La Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe, Analía Colombo, junto a los Defensores de Niñas, Niños y Adolescentes de las provincias de Córdoba, La Pampa, Misiones y Santiago del Estero, manifestaron su preocupación por el agravamiento de la situación económica de la población de niñas, niños y adolescentes de todo el país.

Reunidos en el marco del “1° Seminario Internacional sobre Justicia Juvenil Restaurativa”, realizado los días 3 y 4 de septiembre en la ciudad de Rosario, "exhortaron al Poder Ejecutivo Nacional, a proteger a la niñez y la adolescencia ante el agravamiento de la situación económica actual, declarando la emergencia alimentaria y garantizando la intangibilidad de los fondos destinados a infancias y adolescencias”.

La declaración que firmaron defensoras y defensores de niñas, niños y adolescentes de todo el país también fue suscripta por la Defensora Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, designada por la Comisión Bicameral Permanente Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26.061) y sus adjuntos.

“La aceleración inflacionaria y su efecto sobre los salarios afectan el poder adquisitivo de las familias e impactan en su bienestar. En este contexto, los hogares con niñas, niños y adolescentes son los más expuestos a riesgos, aún más los que ya estaban en situación de pobreza e indigencia, con bajos ingresos o empleo informal”, expresaron en el documento.

Asimismo, las defensoras y defensores señalaron que “las crisis económicas tienen enormes consecuencias en la niñez y adolescencias, porque existe el riesgo que abandonen la escuela, ingresen tempranamente al mercado laboral, disminuyan la cantidad y calidad de alimentos, vean restringido el acceso al derecho a la salud, o sean víctimas de violencias, entre otros factores de riesgo”.

La declaración exige: “priorizar a las niñas, niños y adolescentes resulta no sólo un mandato ético, sino que desde el punto de vista jurídico y constitucional, este enfoque se encuentra dispuesto por: la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (N° 26.061), la recomendación de protección y no regresión de la Inversión Social destinada a las infancias y adolescencias incluida en la Observación General N° 19, emitida por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (2018); el Artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño (que establece el goce de derechos “hasta el máximo de los recursos” que disponga el Estado); y la recomendación emitida este año por parte del Comité de los Derechos del Niño a definir las líneas presupuestarias para niñas y niños en situaciones desfavorecidas y marginadas, y a asegurarse que estén protegidas incluso en situaciones de crisis económica u otras emergencias, resaltando que las y los mismos no deben ser la variable de ajuste”.

Por último, exigieron “la plena ejecución de todos los programas y planes que permitan disminuir los índices de pobreza en estas poblaciones y se priorice el financiamiento de la protección social”.

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